El viernes se
realizó en el local de la Federación ANCAP una charla sobre la Ley
Nº 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual -llamada Ley de
Medios- y sobre la inconstitucionalidad de algunos de sus artículos,
recientemente definida por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Además, el expositor, Gustavo Gómez, se refirió al proyecto de ley
sobre Publicidad Oficial, que está a estudio del Parlamento.
Gustavo Gómez
es investigador, consultor, experto en libertad de expresión,
regulación y políticas públicas de comunicación y
telecomunicaciones. Es director ejecutivo del Observatorio
Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia, y fue titular
de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), y de
Servicios de Comunicación Audiovisual, y asesor de Presidencia en el
período 2010-2014. El evento estuvo organizado por el equipo de
diputación del Frente Amplio (FA) de Lavalleja.
La presentación
de la charla estuvo a cargo del edil del MPP, Carlos Cardinal. Luego,
el diputado Javier Umpiérrez, integrante de la Comisión de
Constitución y Código del Parlamento -que estudia el proyecto de
Ley de Publicidad Oficial- anunció que se continuará organizando
este tipo de charlas, para informar a la sociedad.
LA LEY
Gustavo Gómez
señaló que la Ley de Servicios Audiovisuales -Ley de Medios-, “está
aprobada y está vigente”, y que días atrás tuvo un fallo de la
Suprema Corte de Justicia, ya que “se ha cuestionado esta ley, así
como se la ha defendido, y uno de los terrenos donde se define si es
buena, si es mala, si es adecuada o no es en la Suprema Corte de
Justicia. Y hay novedades”.
Se refirió a
los ataques a la ley: “la prensa se ha referido a las
inconstitucionales, pero no a las constitucionales, que son
muchísimas e importantísimas, en temas que eran polémicos y la
Suprema Corte las ha declarado esas constitucionalidades”.
¿PARA QUÉ UNA
LEY?
Recordó que lo
primero que se discutió “fue para qué una ley, si ya la había,
si está la Constitución, cuál era la necesidad que la izquierda
-en este caso- se metiera en una ley de medios. Es una más de varias
leyes que se aprobaron en ese período que culminó en 2014 con la
Ley de Servicios y Comunicación Audiovisual, y que incluyó la Ley
de Acceso a la Información Pública, que les reconoce a todos el
derecho a conocer, por ejemplo, en qué se gasta la publicidad
oficial, tanto en el gobierno nacional como en la IDL. Es decir, un
montón de leyes que en vez de censurar a los medios, les dio
herramientas a los medios y a los periodistas para tener información
que en general es muy difícil de obtener y que les pertenece”.
HERRAMIENTAS
PARA LA PRENSA
Agregó que se
aprobaron leyes en ese período, que despenaliza los delitos de
difamación e injurias en caso de interés público, “que para la
prensa la investigación sobre qué hacen los gobernantes, sobre el
mal manejo de fondos públicos, y si lo hacías te podía caer un
juicio que hasta hace unos años podía terminar en procesamiento con
prisión. Lo que se cambió fue dar más herramientas a favor de los
medios y a los periodistas, y debilitar y generar más apertura al
escrutinio de los funcionarios públicos”.
Por lo que,
“dijimos que en este marco, donde quien está en el gobierno
impulsa leyes que dan más herramientas para la crítica, ¿por qué
habríamos de impulsar una ley que amordaza, que busca censurar? Es
un tema complejo y vamos a ver algunas posiciones que hubo en su
momento”.
“SIEMPRE HUBO
REGULACIÓN”
Gómez dijo que
las leyes de medios que había en el país, eran de la dictadura, de
1977, con decretos reglamentarios de 1978, que regulaban la actividad
de los medios. “Siempre hubo regulación, lo que se trataba era
actualizar una legislación vieja y de la época de la dictadura. Era
una ley de cuando todavía no había radios FM. También había
interés de adecuar la normativa a estándares internacionales. La
ley anterior no correspondía a conceptos vinculados a la
democratización y al uso de los medios para la libertad y no para la
censura. En dictadura se entregaron concesiones de radio y televisión
a dedo, sin criterios objetivos y procedimientos abiertos y públicos
para que todos tuviéramos acceso. A partir de esta ley, sí los hay.
Otro objetivo era promover la competencia y fortalecer la industria
nacional. En el sector de la televisión tenemos una concentración
muy fuerte de medios, básicamente en tres familias con asiento en
Montevideo que luego reproduce ese poder en el resto del país. No es
revolucionario tratar de que no haya tanta concentración, es apenas
capitalista. Se busca más competencia, que haya más voces, más
opiniones. Hace 60 años tenemos la misma estructura de medios.
Bueno, llegó el momento de buscar que ingresen otros, que quienes
tuvieron tanto durante tanto tiempo tengan menos”.
Se refirió a
los dichos del presidente Mujica en el 2012 -La ley se aprobó en
diciembre de 2014- cuando dijo el proyecto de ley no se metía en los
contenidos, ni la línea editorial de los medios, porque “no nos
corresponde ese papel”.
DA CERTEZAS
JURÍDICAS
Gómez aseguró
que la Ley “no es una ley para amordazar a los medios ni a los
periodistas. Es más, se dan certezas jurídicas a los operadores en
terrenos jurídicos y para garantizar más libertad de expresión,
para los medios y para todas las personas. Este es un diferencial de
la nueva perspectiva. No hay nada en la ley que censure ni amordace a
los periodistas al hacer su trabajo. Hay una perspectiva más amplia
en cuanto a derechos, que incluye a los medios, a los periodistas y a
quienes miramos televisión o escuchamos radio”.
EN CONTRA
También
compartió declaraciones de quienes estaban en contra de la ley, como
Julio María Sanguinetti: “La ley de medios es un revólver cargado
en la nuca del periodismo independiente”.
Editorial de
diario “El País”: “Su finalidad última, evidentemente,
copiando los malos ejemplos de la región es procurar ejercer el
control político sobre los medios de comunicación, en particular la
radio y la televisión”.
Pedro
Abuchalja, presidente de Andebu, “llegó a identificar la ley no
solamente como antidemocrática sino como estalinista, mussolinista,
fascista, la cosa más terrible que se haya hecho en este país de la
dictadura para acá”, según citó Gómez.
A FAVOR
Entre las
opiniones favorables a la ley emanadas de entidades como Reporteros
Sin Fronteras, con sede en Francia, que dijo que “representa un
buen modelo de regulación de medios para otros países del
continente. No la manzana podrida, sino un ejemplo”.
El Comité de
Protección de Periodistas, una organización con sede en Nueva York,
“saludó la aprobación de la ley porque ‘tiene fuertes garantías
sobre la libertad de expresión y prohíbe la censura’. No es un
revólver en la nuca, para ellos es una ley garantista”.
El director de
semanario Búsqueda, Claudio Paolillo, “francamente no creo que sea
muy amigo del gobierno de izquierda, tiene su editorial distinta y
cuando fue convocado hizo sus críticas, pero también dijo que ‘no
es un proyecto mordaza, porque contiene salvaguardas que impide
calificarla de ese modo. Claramente las leyes de Argentina, Ecuador,
Nicaragua, no contienen tantas disposiciones garantistas para el
ejercicio de la libertad de expresión, como este proyecto de ley’”.
DENUNCIAS
Se refirió
Gómez a los recursos de inconstitucionalidad planteados y a las
respuestas formuladas por la Suprema Corte de Justicia. “Fueron
unas 28 denuncias de inconstitucionalidad que se presentaron, con
distintos argumentos, fundamentalmente empresarios -incluso
empresarios de Minas- que como estamos en una democracia, tiene el
derecho al pataleo”. Aseguró que uno de los primeros recursos fue
presentado por la empresa norteamericana Direct TV, que cuestionó 27
de los 202 artículos de la ley. La Corte declaró un solo artículo
como inconstitucional entre esos 27, y sobre 3 más opinó que
parcialmente lo eran. La prensa en Montevideo tituló que la Suprema
Corte había volteado a la Ley de Medios. Parece algo excesivo cuando
la inconstitucionalidad se da sobre solo cuatro artículos. No es
mentira, pero es una forma de verlo. La otra, la que les propongo, es
que 26 de los 27 artículos, fueron declarados constitucionales,
total o parcialmente. En un partido de fútbol, esto no estaría nada
mal: 26 a 1. Soy parte interesada, pero para mí lo que hace la
Suprema Corte es respaldar la ley, declarando constitucional a
aspectos clave que llevaron a las principales críticas como si es
una ley mordaza o no. ¿Esta es una ley que dificulta el trabajo
informativo de los periodistas para proteger a los niños? ¿Tiene
organismos reguladores peores de los que teníamos y son instrumentos
del gobierno para meterse en la línea editorial de los medios de
comunicación? Son temas importantes, y tenemos luces de la Suprema
Corte de Justicia sobre temas claves. Y lo que está haciendo es
respaldar la ley”.
INCONSTITUCIONALIDADES
Se refirió a
las cuatro inconstitucionalidades, el artículo 51 que se refiere a
la limitación de la concentración de medios, impide que un operador
satelital de televisión pueda tener más del 25 % de abonados que
hay en el país. Direct TV presentó el recurso y lo ganó, “pero
los afectados son los competidores” de Direct TV. Se trata de “un
artículo que protegía a los empresarios chicos, nacionales; la
Corte lo declara inconstitucional y le da libertad a una empresa
extranjera”. Los otros artículos que son parcialmente
inconstitucionales son el 39, 60 y 98, que no contienen temas
centrales para la ley, por lo que no los explicó en detalle.
PUBLICIDAD
OFICIAL
Gómez comenzó
a responder preguntas del público, el diputado Umpiérrez, cuando se
habló de publicidad oficial en medios del interior, solicitó al
director de Primera Página,
Raúl Vernengo, también como ex presidente de la Organización de
Prensa del Interior -OPI- y directivo de la entidad, que ilustrara
sobre las diferencias de asignación de publicidad oficial entre la
capital y el interior del país.
“ANTES ERA UN
SECRETO”
Vernengo
expresó que la ley de Acceso a la Información Pública permitió a
OPI, que agrupa a 55 de los 89 periódicos del interior, y a 37 de
los 38 diarios, “conocer el gasto publicitario del estado. Antes
era un secreto. Y para conseguir pauta publicitaria había que ser
amigo de algún director de algún ente público, por conveniencia o
amiguismo político. Hoy tenemos el derecho a pedir el acceso a la
información pública. Un edil de Lavalleja hizo creo el primer
pedido de acceso a la información pública, donde reclama
información del gasto publicitario de la IDL, y no le han
contestado. Ahora la intendencia está obligada a dar esa
información”.
INJUSTO Y MALA
INVERSIÓN
Aseguró
Vernengo que según los informes de OPI, el 97% a nivel de prensa
escrita pauta en Montevideo, el 3% va para el interior, y que eso
“estaría perfecto si esos periódicos tuvieran el 3% de lectores,
pero resulta que los 89 periódicos del interior tienen el 45% de los
lectores, es injusto y es una pésima inversión por parte del
estado. Deja por fuera o de llegar a muchos miles de personas, caso
de ANTEL que compite, porque no toman en cuenta cuántos periódicos
se editan ni cuánto se leen. En Minas los diarios y los semanarios
se leen muchísimo más que los diarios de Montevideo. Es claramente
injusta la asignación de la publicidad para el interior”.
Citó Vernengo
ejemplos de mala distribución de la pauta publicitaria en el
interior, en algunos casos es de cero, o cifras astronómicas
distribuidas en medios de Montevideo, sobre todo en los tres canales
de aire de la televisión uruguaya.
Y HABRÁ MÁS
Finalmente
siguieron más preguntas, poniendo luego Umpiérrez el punto final
con el agradecimiento a los presentes y a Gustavo Gómez y Raúl
Vernengo por lo expuesto. Y prometiendo acercar más información a
la gente sobre nuevas leyes que se traten en el Parlamento.
