Manifestó Marín
que “decidimos pagarlo nosotros de forma privada, pero todos conocen los
sueldos municipales -mi esposo es operario 2-, y se nos hizo muy difícil afrontar
esos costos de las tres terapias. Siempre dijimos: ‘Comeremos arroz pero las
terapias tienen que estar’. Y así lo hicimos, pero es muy difícil”.
AUTONOMÍA DE LAS
INTENDENCIAS
Puntualizó Marín
que “encontrarnos que los municipales no acceden a las ayudas extraordinarias
del BPS fue sorprendente y duro. Preguntamos por qué el BPS no da las ayudas y
nos informan que por la Ley 9.515 que genera la autonomía de las intendencias,
estas no acceden a muchos beneficios del BPS. Entonces se nos dijo que las intendencias
deberían asumir el costo de ese derecho que no tienen. Seguí investigando y
descubrí que en este período fue modificada la ley y ahora accedían todos los
empleados públicos (mostró el listado) pero nuevamente me encontré que los
funcionarios municipales no estaban en la lista. Celebramos que se ampliara en
la ley el acceso a las ayudas extraordinarias del BPS, pero los municipales
quedaron fuera de esos derechos”.
CONSEGUIR EL
DERECHO
Contó Marín que
decidió “trabajar en hacer saber esa situación, en ponerlo sobre la mesa,
reclamar para conseguir ese derecho. Empecé en Canelones, presenté la nota en
la Junta Departamental de Canelones, fuimos recibidos por la Comisión de
Derechos Humanos, Salud, y Población, planteamos que desde las juntas se tiene
que empezar a trabajar para lograr la igualdad de derechos, que los
funcionarios tengan acceso a eso. Acá no hablamos de dinero para el
funcionario, es exclusivamente para cubrir terapias para que niños y familiares
puedan tener una mejor calidad de vida. Fue muy bien recibido en la Junta de
Canelones, también se sorprendieron que los funcionarios no tenían este
beneficio. Ahí se propuso llevarlo al Congreso de Ediles, así lo hice le
presenté la nota al presidente Mauro (Álvarez) con quien me comuniqué por teléfono,
pero hasta hoy no tengo noticias de que se haya presentado en el Congreso de
Ediles”.
SOLO UNA
Según lo
expresado por esta madre, “en el contexto de la ley, son las intendencias las
que deberían asumir el costo de las ayudas extraordinarias para terapias.
Investigué cuáles eran las intendencias que daban este servicio, de 19
intendencias, solo una, la Intendencia de Montevideo, tiene en su normativa
explicita que permite a los funcionarios municipales pedir un presupuesto para
terapias. Me llamó la atención que una tiene, y las otras 18 intendencias no.
Tengo y les voy a dejar la normativa de la Intendencia de Montevideo”.
EL MUNDO
EVOLUCIONA
Aseguró Marín que
“no estoy culpando a nadie, el mundo evoluciona, y cuando se aprobó la ley de
independencia y autonomía de las intendencias, quizás no se reconocía tanto el
autismo, ni las experiencias y necesidades de terapias, es por eso que recurro
hoy a las Juntas Departamentales para que reclamen al gobierno departamental la
normativa para cubrir las terapias. En mi caso es mi esposo el funcionario
municipal, y yo no trabajo fuera porque tengo que atender a mi hijo, llevarlo a
las terapias, y es muy difícil, y tiene un alto costo económico, pero qué pasa
si es una madre jefa de hogar funcionaria municipal, no tiene de donde sacar
para pagar las terapias y la atención del niño mientras trabaja”.
“BURROCRACIA”
Señaló Marín que “después
entramos en lo que llamo ‘burrocracia’, con pérdidas de tiempo valioso. Ahí nos
enfrentamos a dos opciones: dejar al niño sin terapia que no se debe hacer así,
y la otra alternativa es BPS. Sabemos que por ser funcionario municipal sus
hijos no tiene derechos. La vuelta que presenta BPS es pedir la pensión -lo que
no es fácil-, hay que acceder a un puntaje, para que otorguen la pensión del niño.
Una vez que accede y queda como activo, hay que hacer nuevamente los trámites
para las ayudas especiales, esto no se hace en un mes, son tratamientos, exámenes,
evaluaciones médicas, y cuando nos damos cuenta pasó un año. Si no tengo yo la
posibilidad económica para sustentar la terapia, el niño perdió un año para
avanzar, mejorar, aprender y es una pérdida muy importante. O sea no es solo lo
económico, se pierde un año de avances en un niño que atendido cuanto antes
puede tener una vida muchísimo mejor mañana, más independiente y más digna”.
NOTAS A TODOS
LADOS
Manifestó Marín
que presentó la nota a los congresos de ediles y de intendentes, “de las que no
he obtenido respuestas”. “Presenté notas a las juntas de Canelones, me contacté
por Zoom con la Junta de Durazno, y envié a todas las juntas la nota,
respuestas que recibieron la nota dieron Colonia, Artigas, y Maldonado, en esta
última junta la respuesta fue que tenía que elevar la nota al intendente, si el
intendente lo autorizaba ellos lo trabajaban. Considero que las juntas y las
intendencias deben hacer un trabajo juntas, para que el gobierno nacional y el
Parlamento agregue a los funcionarios municipales a la ley, para que reciban
las ayudas especiales, no puede ser que se seleccione quiénes tienen derechos y
quiénes no. Lo elevé a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Salud
del Parlamento, porque son temas de derechos y de salud, no he obtenido
respuesta. Y les mandé a todos los intendentes, y estoy esperando las
respuestas. Tampoco tuve respuesta del presidente del Congreso de Intendentes”.
PARLAMENTO
Castro señaló que
“es el Parlamento el que debería corregir la omisión, no son las juntas ni el
Congreso de Ediles, sí pueden empujar y hacer fuerza para que lo trate el
Parlamento, pero la decisión está ahí”.
Coincidió Marín
en la apreciación de Castro, pero insistió que “la fuerza tiene que venir de
las juntas y sus ediles, del congreso y de las intendencias. Porque las
intendencias pueden decir ‘asumimos ese costo, pero no tenemos cómo pagarlo’,
por eso queremos que sean incluidos en la ley los empleados municipales, para
eso suceda necesitamos fuerzas”.
HUMANO Y SENSIBLE
Fungi señaló que “la
Junta no tiene capacidad de resolución, podemos elevar su pedido al ejecutivo,
que es muy humano, muy sensible y apunta a resolver un problema importantísimo.
La solución es que el Parlamento modifique la ley, y es muy importante la presión
de los intendentes a través de su congreso para corregir esa negativa al acceso
de los municipales a las ayudas del BPS”.
NO HAY CENSO
Rizzo aseguró que
el intendente Yamandú Orsi ya les dio fecha de reunión, y que ediles están
haciendo la gestión para tratar el tema con los intendentes. Otro de los temas
que señaló Rizzo fue que “no se sabe cuántos niños hay con problemas de autismo
u otra discapacidad. Pedimos que fuera agregado en el último censo esa pregunta
en la papeleta y se nos dijo que no porque el costo era mucho. Faltó voluntad”.
COSTOS
Castro preguntó
que costo tiene la terapia. Marín respondió que “cada terapia es de unos 3.500
pesos por mes, de ahí para arriba, dependiendo de la cantidad de terapias que
va a ir. Y no son de un año, son mucho más”.
Agregó Rizzo que “hay
niños que evolucionan más rápido, otros demoran más. BPS creo que está dando,
alrededor de 6 mil pesos, en el caso de ACATU si no alcanza eso para cubrir la
terapia se la damos a costo de la comisión”.
INFORMADOS
La Comisión de
Recepción elevará un informe al plenario y si este lo aprueba, será elevado al
intendente Mario García para el estudio de la situación, y que se decida si se
hace cargo BPS o la intendencia de las ayudas extraordinarias.
